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FGR impugna protección judicial a Kate del Castillo por caso El Chapo

18 oct
3 min de lectura
Kate del Castillo sostiene que fue víctima de filtraciones ilegales después de que se hiciera pública su reunión con el Chapo.
Kate del Castillo sostiene que fue víctima de filtraciones ilegales después de que se hiciera pública su reunión con el Chapo.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que ordena reconocer a Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas en una investigación por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios durante las indagatorias que se abrieron contra la actriz tras su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán en 2015.


De acuerdo con información publicada por ZETA, el recurso de revisión fue presentado el 14 de octubre de 2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Ahora, un Tribunal Colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución favorable a la actriz.


El litigio se suma a una serie de procedimientos judiciales que Del Castillo mantiene contra el Estado mexicano desde hace casi una década.


La actriz sostiene que fue víctima de persecución y de filtraciones ilegales de información después de que se hiciera pública su reunión con el narcotraficante.


FGR impugna amparo a Kate del Castillo por caso El Chapo

La investigación actual comenzó el 1 de abril de 2025, cuando el representante legal de la actriz presentó una denuncia contra personas servidoras y exservidoras públicas por presuntas conductas y omisiones que podrían constituir delitos contra la administración de justicia.


El 12 de mayo de ese año, la defensa solicitó reconocer a Del Castillo y a su productora como víctimas.

Sin embargo, el 29 de octubre, una agente del Ministerio Público rechazó la petición bajo el argumento de que ambas eran denunciantes y no habían acreditado un daño directo.

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La negativa les impidió consultar el expediente y conocer las diligencias realizadas. Por ello, la actriz promovió un amparo, registrado con el número 858/2025, y posteriormente amplió la demanda para impugnar la decisión de la fiscalía.


El juez federal Julio César Molina García le concedió la protección constitucional al considerar que la FGR exigió pruebas del daño antes de reconocerla como víctima. En consecuencia, ordenó anular el acuerdo y emitir una nueva resolución que reconozca esa calidad a la actriz y su empresa.


La diferencia es relevante: una víctima reconocida puede acceder a los registros de la investigación, recibir notificaciones y participar en el procedimiento, derechos que no tiene una persona que únicamente presenta una denuncia.


La FGR busca revertir esa determinación mediante el recurso de revisión. En 2023, Del Castillo ya había obtenido otro amparo relacionado con una investigación por presuntas irregularidades de las autoridades.


Del Castillo reclama 60 millones de dólares al Estado mexicano

El conflicto se remonta a septiembre de 2015, cuando Del Castillo viajó a Badiraguato, Sinaloa, para reunirse con El Chapo Guzmán y explorar la posibilidad de producir una película biográfica sobre su vida.


En el encuentro también participó el actor Sean Penn, quien publicó una crónica en Rolling Stone meses después.


La entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación contra la actriz por posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.

La indagatoria concluyó el 21 de marzo de 2017 con el no ejercicio de la acción penal en su contra.


Desde entonces, Del Castillo ha denunciado que las autoridades filtraron información y comunicaciones privadas, lo que, según su versión, dañó su reputación y sus actividades profesionales.


Paralelamente a los amparos, la actriz mantiene una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, mediante la cual reclama una indemnización de 60 millones de dólares por los daños que atribuye al gobierno mexicano.


En agosto de 2025, durante una entrevista con Ventaneando, confirmó que el procedimiento seguía activo. En septiembre de 2026, al ser cuestionada sobre la posibilidad de retirar la demanda, respondió tajantemente: “No lo quitaré”.

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