Juez dicta prisión preventiva contra el exgobernador Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa
Un juez de control ordenó prisión preventiva en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas. El exmandatario se presentó a la diligencia en silla de ruedas, vistiendo ropa civil y acompañado por sus abogados y su esposa.
Ante el juez, Ángel Aguirre afirmó que tiene su conciencia tranquila y en paz, negando haber tenido participación en los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en contra de los estudiantes de Ayotzinapa.
Recalcó que nunca se ha escondido y siempre ha dado la cara ante los requerimientos de las autoridades, por lo que cuestionó la forma en la que se dio su detención doce años después.
Dicta prisión preventiva contra Ángel Aguirre
Tras la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra del exgobernador de Guerrero por los delitos de desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia en el marco del caso Ayotzinapa.
Ángel Aguirre permanecerá internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano (Cefereso No. 1), en el Estado de México, mientras se resuelve su vinculación a proceso.
El juez Mario Elizondo Martínez negó la solicitud de la defensa para otorgarle el beneficio de reclusión domiciliaria a pesar de que los abogados del exmandatario argumentaron su calidad de adulto mayor y padecimientos como hipertensión, problemas de próstata y principios de diabetes.
El togado determinó que existe riesgo de fuga, fundamentado en que Aguirre Rivero posee cuatro inmuebles en la Ciudad de México y en que su equipo de seguridad intentó evitar su aprehensión.
Exgobernador estaría ligado al caso Ayotzinapa
Como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la FGR en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), se realizó el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación.
Dichos trabajos acreditaron con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación del exgobernador del estado de Guerrero en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
La FGR cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
La investigación señala que desplegó un operativo desde la cúpula del gobierno estatal para encubrir la colusión entre corporaciones policiacas y el grupo delictivo Guerreros Unidos.
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